En fechas recientes nos hemos enterado con preocupación de la indicación del ministerio de Hacienda de no renovar contratos al personal clínico de salud que ingresó a trabajar al sistema como refuerzo por la llegada del COVID.
Mirado de manera simple, pareciera una idea sensata. La población en su inmensa mayoría ya está inoculada y un porcentaje de ella ya lleva hasta una 5ta dosis. Además, el COVID dejó de tener esa tasa de letalidad que tenía al principio.
El tema está en que la salud pública, hace años enfrenta sus desafíos con brechas de recursos humanos. Si analizamos la ecuación “personal versus pacientes”, el resultado es muy adverso en el sistema (2,3 profesionales según recomendación OMS versus 1,3 por mil en Ñuble, es decir un déficit cercano al 50%) y los/as pacientes lo saben, ya que diariamente enfrentan el tema de las esperas para acceder a las prestaciones. Por tanto, el personal “de refuerzo” lo que ha hecho es paliar de manera importante la carencia de ellos.
Pretender prescindir de este recurso sin duda traerá consecuencias en la población beneficiaria. Pero también repercutirá en nuestros/as colegas. La molestia de la ciudadanía por una atención oportuna, el incremento de la presión por carga laboral y la eficacia de los procesos se verá dificultada y será un factor de debilitamiento del sistema público sanitario.
No pretendemos generar alarmismos. Lo que tratamos es de informar que la decisión de reducir personal es una muy mala idea que nos perjudicará, de diferentes maneras, a todos y todas.
Todavía es tiempo de arrepentirse de esta mala decisión. Hacemos un llamado a las autoridades, a tomar atención en lo señalado y abstenerse de despidos.
JVM
